El conflicto de competencia entre el Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral

Por: Juan Ulloa
(15.7.2017)

El pasado 29 de mayo el Tribunal Constitucional dictó la sentencia TC/0282/17, mediante la cual resolvió un conflicto de competencias entre la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, relacionado a la posibilidad de este último para juzgar los diferendos surgidos con motivos de las resoluciones relativas al reconocimiento de los partidos políticos, dictadas por la primera de las instituciones mencionadas. Según el órgano constitucional, es el Tribunal Superior Administrativo el más afín para resolver cualquier conflicto relativo a estas resoluciones debido a que se trata de decisiones eminentemente administrativas[1]. Nuestro parecer es distinto y explicaremos a continuación las razones. Veamos:

El Tribunal Constitucional expone que las diferencias que puedan surgir a partir de una resolución que se manifiesta sobre la solicitud de reconocimiento de un partido político es un enjuiciamiento que no configura un conflicto de carácter contencioso electoral ni partidario, sino que es una actuación de naturaleza puramente administrativa ejercida por un órgano constitucional.

Queda claro que no es un conflicto de carácter partidario, ya que no se trata de un diferendo a lo interno de un partido político o entre miembros del mismo o bien entre dos o más partidos, pero sí estamos frente a un conflicto contencioso electoral. Para comprobar si la resolución que resuelve la petición de reconocimiento de un partido político cumple o no con los elementos que constituyen un contencioso electoral procederemos a definirlo.

La propia sentencia TC/0282/17 aporta la siguiente definición, citando a Jorge Fernández Ruiz, en su obra Tratado de Derecho Electoral del año 2010: Lo contencioso electoral son “todos los juicios que la ley señale como tales, en que la administración electoral y, en ciertos casos los partidos políticos, sean parte, directamente relacionados con actividades electorales, regidos por un régimen jurídico especializado en cuestiones electorales, lo que excluye a los juicios que ley no considera contencioso electorales, al igual que a los derivados de actos de la administración electoral y de los partidos políticos que no sean de índole electoral, lo mismo que a los juicios en que las partes son particulares. Asimismo, con ese criterio no serán materia del contencioso electoral los juicios que no estén sujetos a un régimen especializado en materia electoral[2].”

Como podemos observar, la anterior definición excluye de lo contencioso electoral a los actos de la administración electoral, como en efecto es el reconocimiento de los partidos políticos, pero en la sentencia comentada el Tribunal Constitucional ignora otro párrafo de la misma obra, donde el autor explica que “algunos actos administrativos tienen ciertas características que los distinguen de la generalidad de dichos actos, por lo cual su regulación jurídica también es diferente, situaciones que permiten agruparlos en categorías especiales; por ejemplo, el acto fiscal (realizado por un órgano del poder público que crea, modifica o extingue derechos y obligaciones), el acto registral (realizado por el registrador u oficial de un registro público) o el acto electoral”.

Al momento de abordar el acto electoral el autor lo define en un sentido amplio y en un sentido estricto. A los fines del tema nos interesa lo que expresa en sentido estricto. En este sentido, el autor sostiene que el acto electoral es la “declaración unilateral de voluntad de una autoridad u órgano del poder público, que en ejercicio de función electoral y con sujeción a un régimen exorbitante del derecho ordinario crea, modifica, transfiere, certifica o extingue derechos y obligaciones en materia electoral a favor y a cargo de un individuo, o de varios específicos”.

La creación de partidos políticos es un derecho. En efecto, el artículo 47 de la Constitución de la República establece que “toda persona tiene derecho de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley”. Entre estos fines lícitos se encuentran las asociaciones con fines políticos, es decir, los partidos políticos y así lo prevé el artículo 216 de la Carta Magna, cunado señala que “la organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre, con sujeción a los principios establecidos e esta Constitución”[3].

Por lo tanto, las resoluciones de la Junta Central Electoral, órgano de poder público, que admiten o rechazan la solicitud de reconocimiento de un partido político, son decisiones administrativas que pueden crear, modificar, certificar o extinguir derechos, en este caso derechos políticos electorales, es decir, que estamos ante un acto electoral en su sentido estricto que cuando se torna litigioso constituye un asunto contencioso electoral.

Esto quiere decir que en aplicación del artículo 214 de la Constitución, el Tribunal Superior Electoral es el competente para conocer sobre los conflictos que se derivan del reconocimiento o no de los partidos políticos por parte de la Junta Central Electoral. Esto tiene su fundamento técnico-jurídico, pues la jurisdicción especializada en materia electoral es la que garantiza la mejor instrumentación de toda actuación que involucre derechos políticos electorales, dada la naturaleza del asunto y la especial preparación de los jueces, los cuales están llamados a ser los más experimentados administradores de la justicia electoral.

Aplicando el derecho comparado observamos el caso particular de México. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) publicó un documento titulado “Apuntes de Derecho Electoral”, el cual explica en uno de sus capítulos el proceso de registro de un partido político[4]. Se establece que la autoridad a la cual corresponde conocer la solicitud de la organización que pretenda su registro como partido político es el Consejo General del Instituto Federal Electoral y en caso de que la solicitud tenga respuesta negativa la resolución deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y podrá ser recurrida ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Observamos como en México, donde de hecho el derecho electoral está más avanzado, no es la jurisdicción contenciosa administrativa sino la especializada en materia electoral, la encargada de juzgar los diferendos surgidos con motivo de la solicitud de creación o registro de los partidos políticos, cuando ello se torna litigioso.  

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[1] República Dominicana, Tribunal Constitucional. Sentencia TC/0282/17 del 29 de mayo de 2017.

[2] Jorge Fernández Ruiz. Tratado de Derecho Electoral, México: Editorial Porrúa, 2010.

[3] Constitución Política de la República Dominicana. 2015.

[4] Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), “Apuntes de Derecho Electoral”.

Enriqueciendo el Acervo Jurídico “Prior tempore potior iure”

Por: Miguel Martínez

Muchas veces para poder ilustrar un conocimiento jurídico acudimos a los llamados “adagios o máximas”, que son la representación en frases (generalmente del latín o el francés), donde establecemos el sentido de una prerrogativa o derecho. Los juristas con el pasar del tiempo han hecho costumbre el usar dichas máximas. En el caso de nuestro país, se hace curioso que muchos de los que conforman la comunidad jurídica caen en el error de mencionar “primero en el tiempo, primero en el derecho”, cuando lo correcto es “primero en el tiempo, mejor en el derecho”.

Si nos detenemos a mirar la frase en latín, que proviene del Código de Justiniano, en el Libro 8, Títulos 17, Capítulo 18, y 3, Capítulo 4, respectivamente, nos percatamos de que los términos empleados son Prior (primero), y POTIOR (mejor). Siendo evidente el empleo erróneo que hemos dado a lo largo del tiempo, muchas veces por no investigar, es bueno indagar en el origen para expresarnos correctamente. Esta humilde exhortación es válida resaltarla para toda la comunidad jurídica, ya que el uso preciso, a corto o largo plazo, determinan el éxito o fracaso de un jurista en cualquier función que desempeñe, dígase litigante, fiscal o juez.

Viendo la aplicación de esta premisa jurídica, el artículo 2134 del Código Civil ejemplifica la importancia de la inscripción de las hipotecas por ante la autoridad competente, que en el caso de inmuebles no registrados es por ante la Dirección de Conservadurías e Hipotecas de conformidad con la Ley No. 2914, del 21 de junio de 1890, y en el caso de inmuebles registrados, por ante el Registro de Títulos correspondiente, de acuerdo a la Ley No. 108-05, modificada por la No. 51-07, y sus reglamentos. La inscripción conforme el derecho registral da el rango de hipoteca, es decir, el orden en el que están los acreedores del bien afectado a la hora de cobrar su crédito cuando el inmueble haya sido vendido conforme a los procedimientos establecidos en la ley. 

Interpretación práctica del Populismo penal

Por Luisa Burgos
(06.11.2016)

En los países latinoamericanos, la violencia ha tomado un papel estructural en las interacciones sociales del ciudadano, de tal forma que ello ha incidido en los múltiples sistemas que refieren al desarrollo de la persona. El populismo penal es una figura originada como reacción al auge de la violencia y propone que el Estado aborde con más severidad los casos de delitos, es decir, que el Estado sancione enérgicamente los casos que pongan en peligro los bienes jurídicamente protegidos por una disposición legal. El simple hecho de que la sociedad exija que las autoridades reaccionen de forma firme ante los delitos no constituye una doctrina lesiva para la sociedad misma; ahora bien, cuando abordamos populismo penal lo hacemos distinguiendo una postura radical frente a los crímenes, hablamos de una postura que va delineando postulados nocivos frente al Estado de derecho que está constitucionalizado en nuestro país. Por ello, con el presente escrito pretendemos distinguir cuál es el origen del populismo penal o más bien señalar en que se traduce la implementación de las premisas del populismo penal.

Lo planteado por el populismo penal sería una extensión del derecho penal del enemigo que esboza Günther Jakobs en la obra titulada de la misma forma, ella indica que aquel que delinque debe tratarse como enemigo y, por tanto, no debe de abordarse siguiendo las prerrogativas y garantías constitucionales con las que cuenta todo ser humano. Estas nociones evocan nueva vez la violencia, pero no se trata de esa violencia legítima que ejerce el Estado para proteger el bienestar común, la violencia que implica el populismo penal tiene un componente vengativo que atenta contra las salvaguardas previstas en un Estado Social y Democrático de derecho.Esencialmente, la mano dura del Estado se concreta a través de una reacción fuerte y ciertamente inclemente ante las faltas. Eduardo Jorge Prats, experto en Derecho Constitucional y uno de los doctrinarios dominicanos que más énfasis ha hecho en los efectos negativos del populismo penal, ha distinguido claros ejemplos de sus manifestaciones en la República Dominicana, entre ellos el catedrático distingue: el clamor por el “restablecimiento de la pena de muerte, la propuesta de las castración química como sanción contra los agresores sexuales, la solicitud de que los menores de edad sean juzgados como adultos”(1), medidas que él denomina expresión  de una “mano dura” por parte del Estado.

Estos elementos dejan entrever que el derecho penal interpretado desde el populismo penal acentúa el ciclo de violencia que consume a Latinoamérica. Y es que para abordar la cultura de violencia que se articula de manera cancerígena en los países latinoamericanos, el Estado no puede valerse de los mismos métodos que utilizaba en otras épocas (épocas en las que la protección de los derechos fundamentales no era su fundamento) hoy en día, la actuación del Estado está orientada a la protección de la dignidad humana, tal como lo esboza el artículo 7 de nuestra Constitución(2), por tanto, en el ejercicio del Ius Puniendi debe nutrirse de las directrices que traza el espíritu del constituyente, asimismo, debe renunciar de la doctrina que proclama que “la mano dura” es la solución a la criminalidad. Paralelamente, la carencia de principios programáticos, institucionalidad y sistematización que son propios de países como el nuestro (en donde el poder político no se sustenta en estructuras formales) crean el ambiente propicio para que se produzca la insensibilidad que sustenta el populismo penal, en ese sentido, entendemos que detrás de los propulsores del populismo penal se encuentra la apatía a los principios constitucionales y el desconocimiento de las bases de un estado constitucional. Por lo visto anteriormente, podemos distinguir que el populismo penal como reacción a la violencia es una consecuencia de la insensibilidad creada por exposición constante a la impunidad e injusticias sociales.

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(1) JORGE PRATS, Eduardo. “Los Peligros del Populismo Penal” Ediciones Ius Novum, 2011

(2) República Dominicana, Constitución Política, art. 7“La República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos”.

El talón de Aquiles de la Constitución: ¿Verdadero contrato social o un simple acuerdo entre pocos?

Por: Shyam Fernandez Vidal

(13.10.2016)

A todos los que estuvieron involucrados positivamente con el Movimiento constitucionalista de 1965, y con especial atención, al Coronel de Abril, Rafael Tomás Fernández Domínguez, 51 años después...

Para intentar comprender mejor algunos de los fenómenos políticos tan propios de nuestro tipo de democracia desde una perspectiva poco aprovechada en la República Dominicana como lo es el Análisis Económico del Derecho, es preciso entender algunos de los conceptos básicos que nos ofrece la doctrina de la Teoría de Elección Pública en cuanto a la naturaleza de las constituciones. Por lo general, en las naciones se utiliza el instrumento que funge como norma suprema al momento de establecer las reglas concernientes a la elección de los jefes de Estado y/o de gobierno. Por ende, también suelen determinar si es conveniente y posible o no la reelección de estos líderes, cuál es el sistema de reelección que se utilizará, y cuáles son los requisitos y pasos a tomar para la modificación del texto constitucional que contempla esta regla (siempre atendiendo a los riesgos que conlleva una posible reforma o eliminación de la misma).

Las constituciones se crean en urgencia de dar fin a, o evitar un estado de anarquía; buscan crear un orden y/o evitar un desorden. Conforme a las propuestas de Mueller, una constitución se puede percibir ya como un tipo de contrato entre miembros de una comunidad, o como una convención o mecanismo en pos de coordinar las acciones de estos miembros. La diferencia entre estos dos puntos de vista no sólo radica en lo que es, sino en para qué sirve y qué se debe lograr con una Constitución^[1].

Constitución como un tipo de contrato

Continúa el referido autor indicando que, si se enfoca este análisis constitucional en verla como un tipo de contrato, esto puede presentar tres ventajas, las cuales sugieren que la Carta Magna traiga consigo un alto nivel de compromiso de parte de los miembros. Supongamos que una comunidad pequeña decide crear un documento que contenga ciertas reglas generales que cada uno deberá cumplir. Todos aprueban el “contrato” de forma unánime, pero se indica que para las próximas decisiones similares, se utilizará la regla de mayoría calificada de, digamos, dos tercios de la totalidad de los miembros (cantidad mínima de la super-mayoría, para nuestros fines). Además, cada uno firma el documento.

La primera ventaja de verla como un tipo de contrato se basa en este último elemento; el hecho de firmar el documento puede representar el fortalecimiento del compromiso de los miembros. Para muchos, este acto simbólico tiene gran importancia y produce cierto riesgo moral, sobre todo en los puntos que sugieren un contrato agente—principal y una relación comitente—preposé entre gobierno y ciudadanía.

El segundo valor agregado radica en que el documento se firmó por todos, a unanimidad; cuando cada uno de los miembros de una sociedad está de acuerdo con algo, se rompe el problema de regresión infinita^[2]. Éste consiste en que cuando hay una minoría que no votó a favor, surge la necesidad de crear otra norma para asegurar el cumplimiento de la primera regla por aquellos que la rechazaron. A la vez, para hacer cumplir esta segunda norma, el Estado puede que deba intervenir nuevamente^[3], de tal suerte que se tenga que votar por una tercera regla que constriña a los sujetos renuentes a cumplir con la segunda, y así de forma sucesiva e indefinida. Si se logra un mecanismo eficiente con la regla que define el sistema de reelección desde un principio, con la mayoría más elevada posible (ya que la unanimidad adolece de ser impracticable en muchos casos), se puede reducir la posibilidad de una regresión infinita de la norma reeleccionista en el transcurso del tiempo y en  los próximos intentos de modificación.

Por último, al todos los sujetos políticos estar de acuerdo con la estipulación del “contrato social”, estos dan su consentimiento en cuanto a compartir las ganancias y soportar las pérdidas a largo plazo en lo que respecta a la regla elegida. Estaban conscientes de que en algún momento uno de ellos podía verse afectado por el resultado futuro, negativo e imprevisto de la norma, pero al cada uno saber que todos dieron su consentimiento vis-à-vis, y que los demás firmantes también corrían el mismo riesgo al firmar, el afectado se ve coartado a aceptar la afectación del peligro (a lo menos, por un aparente riesgo moral, o político).

Constitución como convención o mecanismo de coordinación

Del otro lado de este mismo análisis, Mueller nos plantea la concepción de la constitución como convención (atendiendo a la aceptación del término convención como “[n]orma o práctica admitida tácitamente, que responde a precedentes o a la costumbre”)^[4]. Si la norma a elegir tiene la característica de ser autorrealizable, ya que, supongamos, no existe ni existirá un posible deseo de los miembros en considerarla como una causa de costos, pues una convención es suficiente. No hay ni siquiera la necesidad de firmar el documento; nadie tiene un incentivo en romper la convención, por lo que no se tiene que aumentar el nivel de compromiso con formalidades extraordinarias. Una decisión que involucre a todos pero que no conlleve muchos costos en su aplicación para nadie, puede ser muy importante, pero a la vez muy simple de decidir. Se puede elegir la regla de mayoría simple, y aunque casi la mitad puede votar en contra (49.99%), en principio ninguno de estos individuos representa un riesgo a futuro de organizar un movimiento y hacer una campaña para modificar la decisión acordada.

Las constituciones contienen ciertas reglas que se adhieren a la metáfora del contrato, y otras que funcionan como una simple convención. Una prohibición del divorcio no sería autorrealizable; se necesitarían muchas reglas consecutivas para que se cumpla la primera. La norma que indica que la mayoría de edad sea obtenida a los 18 años, por otro lado, no adolece de grandes riesgos en su aceptación pública; ahora bien, si se modifica a 23 años, la reacción popular sería otra. Sin embargo, el beneficio principal de ver a la constitución como un contrato radica en que se reconoce que a veces se deben modificar y asumir ciertas responsabilidades “contractuales” para responder a situaciones cambiantes.

Las preferencias sociales se convierten en reglas, y éstas se transforman en resultados, unas veces positivos, otras, negativos. Por esto, es sumamente importante que se incluyan provisiones que permitan estas adaptaciones normativas, las cuales deben elaborarse observando el nivel de valoración que les da la sociedad y los costos que pudiera representar el proceso de reforma total o parcial del documento. Una reforma constitucional que afecte el sistema de reelección debe verse como un contrato social más que como un mecanismo de coordinación entre los sujetos involucrados en este proceso electoral (desde los congresistas y el mismo Presidente de la República, hasta cada uno de los ciudadanos electores).

Por otra parte, se puede considerar como un gran ausente dentro de los códigos políticos dominicanos a la inclusión directa del pueblo en los resultados de los procesos constituyentes o de reforma. El acercamiento de los ciudadanos a estas modificaciones se ha limitado al brindado por su representación a través del Congreso, y del Poder Ejecutivo en ciertas ocasiones. Atendiendo a lo descrito por el profesor Jorge Prats, en la Constitución Dominicana de 2010 se ha incluido el referendo aprobatorio de las reformas sustanciales; no obstante, esta Carga Magna sufre de callar parcialmente en este sentido^[5]. Se abre la polémica sobre la calidad o el nivel de "sustancialidad" de algunos elementos constitucionales que aparentan estar en cierto limbo, como el de la reelección. Es de nuestra opinión que todas las reglas electorales (incluyendo, por vía de consecuencias, el sistema de reelección), están dentro de esos puntos que se deben calificar como sustanciales y elementales, por su vinculación al régimen democrático representativo y por las grandes consecuencias que puede tener sobre el mismo, “porque efectivamente la elección es la primera de las funciones del poder soberano en dondequiera que la noción de la soberanía social sea base del gobierno… no por la lógica del sistema representativo, sino por la experiencia de lo fácil que es falsearlo”^[6].

Para cerrar, recordamos que el instrumento del referendo puede ayudar a aumentar la rigidez constitucional y a hacer más democrático el proceso de cambiar el modelo de reelección^[7]. En el lenguaje de la Teoría de Elección Pública: se aumentan los costos de decisión y se disminuyen las externalidades que afectan negativamente al pueblo. El fin esencial del referendo es mostrar una verdadera manifestación de preferencias colectivas diversas, con la mayor cantidad posible de individuos participantes, valorando estas preferencias difusas de la forma más amplia posible. De forma paralela, el requerimiento de la participación de, a lo menos, la mitad de la población electoral como mecanismo de validación de este referendo aprobatorio en las reformas parciales sustanciales (incluyendo, como se ha dicho, las relativas a la reelección), también puede agregar rigidez.

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^[1] MUELLER, Dennis. Public Choice III. Cambridge University Press. Cambridge, Reino Unido. 2003. pp. 634-640

^[2] BUCHANAN, James & TULLOCK, Gordon. The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy. The Collected Works of James M. Buchanan. Vol. 3. Liberty Fund. Indianápolis. 1999. pp. 6-8

^[3] CALABRESI, Guido & MELAMED, A. Douglas. Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral. Publicado en Harvard Law Review. Vol. 85. No. 6. Harvard University Press. Cambridge, Estados Unidos. 1972. pp. 1090-1092

^[4] Dato obtenido en la página web del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española. 22a Edición. 2012.  Disponible en a http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=j5dMxst0MDXX2F43uojM. Consultado el 15 de noviembre de 2014.

^[5] JORGE PRATS, Eduardo. Derecho Constitucional. Vol. I. Ius Novum. Santo Domingo. 2010. pp. 129-130

^[6] HOSTOS, Eugenio María de. Lecciones de Derecho Constitucional. Publicaciones ONAP. Santo Domingo. 1982. p. 234

^[7] NOLTE, Detlef. Constitutional Change in Latin America: Power Politics or Symbolic Politics? German Institute of Global and Area Studies. Hamburgo. 2008. p. 20

Constitucionalismo, Neoconstitucionalismo y la Constitución dominicana del 2010

Por Joel Martínez

(23.09.2016)

Desde los inicios de la vida en sociedad y la conformación de los Estados, ha existido una lucha contra situaciones como el abuso de poder, la desigualdad jurídica y político-social, el no reconocimiento de los derechos de todas las personas, entre otras. Estas situaciones surgen a partir de la inexistencia de un control y un instrumento que regule jurídicamente bajo los estándares de la equidad, la convivencia de los seres humanos y, sobre todo, la limitación del poder político.

Es a raíz de esto que sobreviene un movimiento durante el siglo XVIII, denominado constitucionalismo, que tenía como objetivo principal implantar un instrumento de carácter legal, con la denominación de Constitución[1]. Cabe destacar, que a este movimiento le anteceden tres revoluciones determinantes que dieron su levantamiento, siendo éstas: la inglesa, la norteamericana y la francesa; las cuales buscaban la limitación de los poderes, conformando a su vez, tal como establece el constitucionalista Eduardo J. Prats, “la ideología propia de una forma política diferenciada”, que es la de un Estado constitucional[2].

Por otra parte, las situaciones en las cuales se encontraban estos países donde tuvo sus inicios el constitucionalismo, tomando en cuenta el aspecto de la territorialidad y la diversidad de condiciones con relación al contexto jurídico, político, social y económico, permitieron que los resultados constitucionales, a pesar tener un mismo sentido y manifestarse en base a los mismos principios, fueran genuinos, es decir, que cada país adquiriera rasgos constitucionales disímiles. De forma que, se pueden distinguir elementos y aportes diferentes manifestados en las etapas por las que atravesó el constitucionalismo y que dan apertura al neoconstitucionalismo.

En ese sentido, se pueden apreciar cuatro etapas que reflejan los elementos constitucionales fundamentales y las principales contribuciones. En un primer plano, el constitucionalismo liberal, caracterizado por la institución de un Estado de Derecho, el reconocimiento de los derechos individuales, exclusivamente para los burgueses, y la limitación del poder político. Consiguientemente, el constitucionalismo democrático, aportando una ampliación del reconocimiento de los derechos erga omnes y la implementación de mecanismos de participación ciudadana, mediante el sufragio universal. Próximamente, el constitucionalismo social, donde el mayor aporte constitucional se refleja en el reconocimiento de una justicia y Estado social. Por último, y posterior a la Segunda Guerra Mundial empieza a proliferar el neoconstitucionalismo[3], el cual se puede definir como una síntesis o una concretización sintetizada de las tres etapas que se le anteponen, además incorpora una mezcla del modelo norteamericano y el francés con relación al control judicial de constitucionalidad y una extensa carta normativa (Constitución), respectivamente.  

En razón de lo anterior, es menester dar un paso adelante y girar el mapa constitucional para adentrarnos en el neoconstitucionalismo de la actualidad, pero más aún importante, escudriñar su manifestación en la normativa dominicana de 2010. Por tanto, debe reconocerse, así como plantea Miguel Carbonell, que el neoconstitucionalismo intenta que las constituciones contengan “altos niveles de normas ‹‹materiales›› o sustantivas”[4]. En ese mismo tenor, la Constitución dominicana del 2010 se podría definir, en su máxima expresión, neoconstitucionlista, por la razón de estar dotada por un cuerpo normativo que se apega firmemente a los principios rectores del neoconstitucionalismo.

Por su parte, podemos ver la limitación del poder, claramente expreso su artículo 124 sobre la elección presidencial, limitando a 4 años el periodo de gobierno y estableciendo la no reelección “para el período constitucional siguiente”[5]. De igual forma, y resaltando la afirmación de Carbonell, concerniente a que las constituciones de los Estados neoconstitucionales poseen una alta gama de derechos fundamentales, siendo precisamente eso lo que la Constitución dominicana del 2010 contempla en su título II sobre los Derechos, Garantías y Deberes Fundamentales, lo que al mismo tiempo brinda una seguridad jurídica y una relación Estado-ciudadano jurídicamente estable.

Pero debemos cuestionarnos, ¿Qué garantiza una ejecución efectiva de los cánones neoconstitucionalistas en el ordenamiento jurídico? Pues, en principio, para lograr una constitucionalización del ordenamiento jurídico debe consagrarse una Constitución rígida[6], en la cual el ordenamiento deba adecuarse a los lineamientos establecidos por la misma Constitución, y que propicie una adaptación constitucional sobre todo el ordenamiento jurídico. De forma que se establezca la supremacía del instrumento constitucional, como lo estipula el artículo 6 de nuestra Constitución,  sobre la “Supremacía de la Constitución”. No obstante, a pesar de que cuenta con una “supremacía”, es preciso, además, instaurar un mecanismo garante de la misma supremacía constitucional y de la efectiva aplicación de la Constitución en su todo. Es por esta razón, que nuestro texto constitucional, por consiguiente, el ordenamiento jurídico, posee el control judicial de la constitucionalidad, concentrado y difuso, donde se le otorga a todo juez la titularidad de estatuir sobre toda cuestión de inconstitucionalidad que le sea interpuesta. En cuanto a la Constitución se refiere, el art. 184 instituye el control concentrado a cargo del Tribunal Constitucional y el art. 188 establece el control difuso, donde todo tribunal tiene la facultad para conocer la excepción de inconstitucionalidad (Constitución, 2010), denotando así una garantía jurisdiccional de la Constitución.

Finalmente, queda evidentemente marcado que la Constitución dominicana del 2010 contiene los caracteres y cánones esenciales del neoconstitucionalimo y, por tanto, es un documento legal neoconstitucional, que ha permitido la constitucionalización de todo ordenamiento jurídico dominicano.

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[1] Prats, Eduardo Jorge. 2013. Derecho Constitucional. Santo Domingo : Ius Novum, 2013. pág. 36. Vol. I.

[2] Ibid., pág. 35.

[3] Carbonell, Miguel. 2010. El neoconstitucionalismo: Significado y Niveles de Analisis . [aut. libro] Miguel Carbonell y Leonargo G. Jamarillo. El canon neoconstitucional. Madrid : Editorial Trotta , 2010, págs. 154-183.

[4] Ibid.

[5] Constitución. 2010. Constitución de la Republica Dominicana. Santo Domingo : Gaceta Judicial, 2010.

[6] Guastini, Riccardo. 2001. Estudios de Teoria Constitucional. [ed.] Instituto de Invesntigaciones Juridicas. Mexico : Fontomara, UNAM, 2001. págs. 153-154.

In dubio pro operario

Por: Angélica Cedeño
(09.08.2016)

Bien es sabido que el proceso jurídico se encuentra investido por una serie de principios que garantizan la tutela judicial efectiva, siendo uno de ellos la igualdad entre las partes. Dicho principio toma vigor en el artículo 39 y 69 de la Constitución dominicana, así como en el artículo 11 y 12 del Código Procesal Penal dominicano, en donde se establece que ambas partes que conforman un litigio deben ser tratadas bajo las mismas reglas. Sin embargo, el derecho no puede ser absoluto y por esa razón este principio encuentra sus excepciones en algunas ramas como por ejemplo: derecho procesal penal –In dubio pro reo–, derecho administrativo –In dubio pro administrado–, derecho de consumidor –In dubio pro consumatore–, derecho tributario –In dubio pro contribuyente–, derecho de obligaciones –In dubio pro debitoris–; como también en derecho laboral con el principio –In dubio pro operario– el cual quiere decir que «en  caso de duda, a favor del empleado» siendo esta interpretación necesaria a la hora de dirimir conflictos suscitados entre el empleador y el trabajador.

Este principio consiste en que cuando un juez deba resolver un conflicto laboral y haya una contradicción en la norma jurídica o en el contrato firmado entre las partes, es obligación del juez aplicar la norma más favorable al empleado, sin perjuicio a la inferioridad de la norma con respecto de la otra. De la misma forma, en caso de que haya dudas o lagunas en el contrato laboral o en la ley, el juez debe interpretarla en beneficio del empleado. Cabe destacar que solo habrá cabida a este principio si, y solo si hay dudas o contradicciones. Esto se da así, por el principio de "la condición más beneficiosa, la cual no permite que surja una nueva norma que disminuya las condiciones más favorables en que pudiera hallarse el trabajador"[1].

La importancia de este principio radica en que disminuye el desequilibrio existente entre el empleador y el trabajador. En el área laboral el empleado se encuentra subordinado al empleador y dicha situación genera una desigualdad económica, subjetiva y probatoria que inevitablemente se traslada al litigio. Es decir, en una litis laboral el empleador está por encima del empleado porque en sus manos se encuentran una serie de herramientas que el empleado no tiene. De la única manera que se puede eliminar o atenuar una desigualdad existente es ofreciendo más desigualdad al inferior. "En consecuencia, el proceso laboral rompe con la tesis civilista de la igualdad entre las partes litigantes, pues admite desde el inicio que existe entre ellas una evidente desigualdad, que debe ser restaurada por el establecimiento de reglas desiguales que buscan la protección del más débil en la relación jurídico procesal"[2].

Dentro de la misma esfera del principio protector se encuentra la carga de la inversión de la prueba al empleador que, al igual que el principio In dubio pro operario, busca nivelar a las dos partes en el proceso. Esta consiste en que, a raíz de la inferioridad del trabajador de adquirir pruebas y presentarlas en el proceso por su condición de subordinado, la carga de la prueba recae sobre el empleador, sin erradicar por completo el compromiso que tiene el empleado de aportar pruebas.

En suma, el in dubio pro operario constituye una herramienta indispensable para dirimir los conflictos que puedan surgir de la relaciones entre empleadores y empleados. La utilización sistemática del principio en cuestión garantiza una justicia laboral protectora del empleado, como se desprende de la interpretación conexa de los derechos a la igualdad en sentido material y al trabajo contenidos en la Constitución Dominicana. De este modo, quienes están llamados a resolver los entuertos y diferendos de este tipo, con tal beneficio en caso de duda, contribuyen fielmente con el cometido constitucional.  

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[1] PLA RODRPIGUEZ, Américo, citado por ALBURQUERQUE, Rafael F., Derecho del trabajo, los conflictos de trabajo y su solución, tomo III, Ediciones Jurídicas Trajano Potentini, Santo Domingo, 2008, p.81.

[2] ALBURQUERQUE, Rafael F., ob. cit., p. 81. 

El acceso a plataformas de registro y depósito de datos en el internet y casos de seguridad

Por: Jose Negrete
(03.07.2016)

Con el auge de la informática y las telecomunicaciones, la cantidad de datos compartidos a través de las redes de información es cada vez mayor. Se trasladan por las redes de internet una serie de datos públicos y privados de cada persona física o jurídica. En un caso u otro, el Estado necesitará acceder a una serie de datos privados para alguna investigación, generalmente dentro del ámbito del derecho penal. En tal sentido, es el Código Procesal Penal Dominicano que se pronuncia al respecto. Específicamente en los artículos 191 y 192, donde habla del secuestro de correspondencia y sobre la interpretación de telecomunicaciones, respectivamente.

A la luz del artículo 191, se le otorga al juez penal la capacidad de ordenar el secuestro de la correspondencia del imputado. Puede ser correspondencia que le haya sido enviada o que él mismo haya enviado. Resulta interesante resaltar que se trata de un poder del juez penal que será utilizado en el caso concreto, cuando este lo amerite1. Con la cantidad de datos que pueden ser enviados y recibidos como correspondencia a través del internet, este artículo puede ser perfectamente aplicado cuando se trata de correos electrónicos, sin perjuicio de lo que se explicará a continuación.

El artículo 192 del Código Procesal Penal Dominicano, revela que se puede tener acceso a interceptar, grabar y/o captar todo tipo de datos (mensajes, datos, imágenes, sonidos) con los que haya tenido contacto el imputado o cualquier otra persona. Esto se hace también en el caso conreto para determinar razonablemente todo lo que sea relevante. Lo que resulta interesante, además de que se trata de una orden judicial que obliga a las instituciones encargadas de tales oficios (hoy en día, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones) a proporcionar datos de cualquier persona para esclarecer algún caso, es que se trate de una orden judicial que obligue a conseguir dichas informaciones por cualquier medio o técnica, siguiendo las formalidades del allanamiento o registro2.

En ese sentido, puede sonar válido que para un caso concreto el Estado pueda tener acceso a los bancos de información de un imputado para determinar su culpabilidad, o incluso para esclarecer los hechos. Esta validez aparente, empieza a distorsionarse cuando el artículo 192 menciona a cualquier otra persona. Debería tratarse de los datos de la persona a la que se le está llevando el proceso penal exclusivamente. Se trataría de una violación por parte del Estado a los datos de una persona que no está incorporada al proceso penal por el cual se dictó la orden judicial.

Nuestra Constitución, en su artículo 44, habla sobre el derecho a la intimidad y el honor personal. Lo hace garantizando la no injerencia del Estado en cualquier aspecto de la vida personal de las personas, comprometiendo su responsabilidad en los casos en que lo haga, siendo pasible de reparar daños y perjuicios que haya causado3. Sobre esto, nuestro Tribunal Constitucional, en su sentencia TC/011/012, expresa lo siguiente sobre la divulgación de ciertos datos personales, como los registros de información:

“...La divulgación de estos datos es un ejercicio desproporcionado que vulnera el núcleo esencial del derecho fundamental a la dignidad, la integridad, la intimidad y el honor de las personas registradas, cuando carezca de incidencia en asuntos de interés colectivo y concierna personas cuya relevancia pública no haya sido alegada ni tampoco establecida4.”

Entonces con esta sentencia se desprende que si bien la orden judicial que ordena la interceptación de las telecomunicaciones del imputado puede ser no consentida, debe establecerse la relevancia e interés colectivo de las personas que se implican. No se trata de una acción que el juez puede ordenar sin ningún reparo, sin ninguna necesidad, sino que debe existir un interés para hacerlo, pues se trata de una medida excepcional. La regla no debe ser obtener datos por la vía de interceptación de telecomunicaciones. Debe determinarse si existen otros medios probatorios para saber si procede o no dicha medida.

El asunto se complica más en el caso de datos depositados digitalmente en internet. Ciertas aplicaciones y dispositivos suelen encriptar la información que contienen. Si en el curso de una investigación se necesita de esta información encriptada, según nuestra legislación, las entidades correspondientes deben utilizar cualquier medio para obtener esta información. Lo que se debe determinar es si existe alguna pena cuando una entidad, que no tiene acceso ni ella misma a los datos que los usuarios encriptan dentro de sus aplicaciones y/ o dispositivos. En nuestro ordenamiento jurídico no existe hasta la fecha un caso similar.

En Estados Unidos, la compañía de computadoras Apple, Inc. se encuentra en una situación

similar. El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) quiere obligar a la referida compañía a crear un código que le permita acceder al teléfono celular de un terrorista implicado en un tiroteo en la ciudad de San Bernardino, donde hubo incontables muertes. La creación de un código mediante el cual el Estado pueda acceder cuando lo necesite a nuestros datos personales es justificado con el interés general y colectivo, y el bienestar de todos. En el caso de Estados Unidos, no es la primera vez que se trata de entrar a datos encriptados, pues en los años 90, una iniciativa (hoy abandonada) obligaba a todos los fabricantes de computadoras personales incorporar a sus diseños un dispositivo llamado “Clipper Chip”, mediante el cual el FBI podía acceder a los datos contenidos en los ordenadores de las personas cuando fuere necesario.

Sin embargo, toda esta vigilancia Estatal se traduce en una injerencia en la vida personal, íntima, y privada de los ciudadanos. Se trata de la información personal de todas las personas. Si bien es cierto que también se protege (o encripta) la información que ocultan delincuentes, violadores, y demás personas que guardan contenido incriminatorio dentro de bancos digitales de información, se trata de un derecho fundamental que incluso a ellos, que no han sido condenados, hay que respetarles. So le damos este poder al Estado, aún cuando se supone que es la persona en la que más confiamos y que vela por nuestros mejores intereses, formulamos esta pregunta: Aún cuando le demos la llave de nuestra casa a la persona en la que más confiamos, ¿No puede esta ser robada de cualquier forma? A lo que debe circunscribirse la interceptación de telecomunicaciones y de datos contenidos en bancos de información digital es a lo del imputado, en el caso concreto, sin pretender involucrar a otras personas sin que exista un interés bien marcado.

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1 República Dominicana. Código Procesal Penal. Artículo 191. Secuestro de correspondencia. Siempre que sea útil para el establecimiento de la verdad, el juez puede ordenar, por resolución motivada, el secuestro de la correspondencia epistolar o telegráfica, remitida por el imputado o destinada a él, aunque sea bajo nombre supuesto.

2 República Dominicana. Código Procesal Penal. Artículo 192. Interceptación de telecomunicaciones. Se requiere autorización judicial para la interceptación, captación y grabación de las comunicaciones, mensajes, datos, imágenes o sonidos transmitidos a través de redes públicas o privadas de telecomunicaciones por el imputado o cualquier otra persona que pueda facilitar razonablemente información relevante para la determinación de un hecho punible, cualquiera sea el medio técnico utilizado para conocerlas. Se procede conforme a las reglas del allanamiento o registro. La medida de interceptación de comunicaciones tiene carácter excepcional y debe renovarse cada treinta días, expresando los motivos que justifican la extensión del plazo(...). 

3  Constitución de la República Dominicana. Artículo 44. Derecho a la intimidad y el honor personal. Toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlos o repararlos conforme a la ley(...).

 4 República Dominicana. Tribunal Constitucional. Sentencia número TC/0011/12.

Otro episodio más

Por: Consejo Editorial del Communis Opinio

El caso protagonizado por el general retirado, José del Carmen Ramírez Guerrero, ocurrido el jueves 25 de febrero del 2015 en un sector popular del Gran Santo Domingo, ha suscitado de nuevo el complejo debate de la inseguridad, la incertidumbre y el desasosiego en la ciudadanía de la República Dominicana. Es otra demostración fáctica e inequívoca de la degeneración alarmante que se germina en el mismo seno de nuestra sociedad debido a la falla, la desconfianza y el desmérito a las instituciones del Estado que intentan regular la vida colectiva. Incluso, desde un punto de vista sociológico, la aparición de múltiples opiniones acaloradas y apasionadas tratando de condenar o justificar la conducta desproporcionada del general son, al igual que asombrosas, preocupantes. Por ende, los aspectos que se circunscriben a este lamentable suceso son particulares, pero que remiten a 

una misma verdad ineludible.

En el ámbito del Derecho Penal, existe la denominada legítima defensa (contemplada en el artículo 328 del Código Penal) como un mecanismo que gozan las personas para salvaguardar los bienes jurídicos de los cuales son objetos de su tutela. El grandioso jurista y profesor dominicano, Artagnan Pérez Méndez, en su “Compendio del Código Penal Dominicano Anotado”, establece sus elementos constitutivos en cuatro condiciones, que son: una agresión actual o inminente, una agresión que sea injusta, cierta simultaneidad entre la agresión y la defensa, y proporcionalidad entre los medios de defensa y la agresión. Debido a que la característica primordial de este Derecho es la interpretación restrictiva y celosa de las disposiciones previstas por el legislador en materia penal, tres de estas condiciones no permiten configuran a totalidad la legítima defensa que presuntamente puede alegar el general retirado (y sus fervientes seguidores a lo largo del país). Bien señala el profesor Pérez Méndez que la simultaneidad en las circunstancias de hecho logra distinguir la delgada línea que existe entre la legítima defensa y la venganza. La tesis y las narraciones de la fiscalía de la provincia de Santo Domingo sostienen que, luego de la huida de los atracadores de la casa del general retirado, estos estaban en manos de las autoridades competentes. El ataque injusto había finalizado. 

Por otro lado, los detractores de la acción del general retirado hacia el occiso agresor entienden que el irrespeto a la proporcionalidad del ataque que se recibió no fue realizada ante una acción actual o inminente. Los doctrinarios, como el constante criterio jurisprudencial, comprenden y atribuyen esta situación a la apreciación soberana de los jueces de fondo a partir de cada caso. Pero ya habiendo sopesado las lascivas agresiones perpetuadas contra su persona, disponerse a buscar encolerizado un arma larga para salir tras la captura de los atracadores, encontrarlos y ultimar a uno de estos no se obra bajo una actitud defensiva, un estado de supervivencia y una realidad de necesidad. Se está constituyendo un acto que no puede analizarse como una derogación al principio general de que nadie puede hacerse justicia por sí mismo. Es más, esto cae dentro del espectro del artículo 296 del Código Penal, que es, sin lugar a dudas, el asesinato. Aquí no existe uncarácter lícito de actuación o de defensa por parte del general retirado.

No obstante, muchos expertos abogan a que el caso del general retirado puede enmarcarse dentro de los delitos y crímenes excusables, de conformidad con el artículo 321 del Código Penal. Este tipo de excusa legal se fundamenta en que si de parte del ofendido han precedido inmediatamente provocación, amenazas o violencias graves. Por provocación, la sapiencia del profesor Pérez Méndez concluye que es el resultado de un acto injusto de la víctima dirigido contra el autor del delito. A raíz de esta consecuencia, se entiende que debe aplicarse una pena mitigada. Además, el profesor dominicano Leoncio Ramos apunta a una explicación en este sentido al pautar las condiciones de la provocación: que se realice contra el autor del homicidio, las heridas o los golpes, que el acto sea injusto y que el acto provocador preceda inmediatamente a los hechos delictuosos. Sin embargo, ambos autores no dejan de mostrar la cautela casi peligrosa que recae sobre los jueces al momento de discernir entre hechos premeditados y la provocación, constatando las diferencias entre las indistintas doctrinas y los pronunciamientos jurisdiccionales.

Del mismo modo, el renombrado abogado constitucionalista dominicano, Eduardo Jorge Prats, en su esencial y duradera obra titulada “Los peligros del populismo penal”, atina a exponer la importancia tanto del Derecho Penal como del Derecho Procesal Penal para la materialización sustancial del Derecho Constitucional y los derechos, las garantías y el debido proceso expresados en nuestra Constitución, a la vez que formula cuestiones delicadas y apremiantes que arropan nuestra vulnerada y frágil sociedad. Desde hace muchos años, es innegable que las virtudes que concretan estas ramas del Derecho han seguido un largo, malsano, sedimentado y desvirtuado proceso de inefectividad y podredumbre. El ejercicio es diametralmente opuesto a los objetivos que se buscan alcanzar. 

Según la última encuesta de la casa Greenberg del periódico “Diario Libre”, la aceptación pasiva de los dominicanos ante el conocimiento de las deficiencias, la falta de transparencia e imparcialidad, y las grotescas componendas de los órganos del orden y la justicia junto con la delincuencia, la impunidad y la corrupción asciende a casi un 80 % de los encuestados. De igual forma, en un fabuloso artículo llamado “La justicia en cumbre” para el periódico “Hoy”, el abogado dominicano Cristóbal Rodríguez apunta los problemas más frontales e irrefutables del Poder Judicial de cara a la población dominicana, entre los cuales destaca la actividad dudosa e irregular de los jueces, la crisis de ineficiencia y celeridad, su cuestionada dependencia, la incidencia del compadrazgo, el amiguismo y la criminalidad en la toma de decisiones. Además, no se pueden ocultar las espontáneas manifestaciones de venganza privada e impotencia que se originan en la mayoría de los barrios, los municipios y las provincias de la República Dominicana cuando son testigos de infracciones, delitos, atropellos y actos condenables. Esto es producto de un repudio y una desconfianza en las autoridades, como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, cuando se deja de creer en los estamentos y estatutos más básicos de nuestro ordenamiento, se apuesta al fracaso mismo de nuestra sociedad.

La credibilidad en las políticas garantistas del Estado por medio de su persecución criminal, reguladora misma de su accionar coercitivo y punitivo, como su función inherente de impartir justicia, brilla por su ausencia en toda instancia de organización y gobernabilidad gubernamental. La descomposición es omnisciente, inmutable y fatal, idéntica a la imperturbabilidad y la resignación ante los verdaderos desafíos endémicos de la sociedad dominicana. Finalmente, este caso del general retirado y otros episodios subversivos más son tan reiterativos, continuos y ruidosos en el circo perpetuo de nuestro contexto insoportable, como también la habilidad fantástica y mediática para desaparecer de nuestro interés y análisis con la fuerza propia de un santiamén.